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Más ‘beneficios’ a constructora Higa

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Carmen Aristegui, periodista.

Ciudad de México.- La periodista Carmen Aristegui regresó al aire, ahora en internet, con la divulgación de una investigación sobre la construcción del nuevo hangar presidencial, según la cual una serie de errores derivó en un aumento del 70% de su costo.

A las 8:00 hora local (14:00 GMT) comenzó la emisión de su nuevo programa informativo Aristegui en Vivo a través de su portal de noticias, después de 20 meses fuera del aire tras su despido de la emisora MVS.

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En la primera emisión de su programa, que duró tres horas y media, Carmen Aristegui reveló una serie de errores cometidos durante el diseño y construcción del hangar que derivó en retrasos de la ejecución de la obra, modificación del proyecto original y el incremento del costo hasta los mil 182 millones de pesos (54.8 millones de dólares).

El diseño de la obra estuvo a cargo de la empresa SGS y el despacho Búnker Arquitectura, mientras que la construcción la ganó la compañía Concretos y Obra Civil del Pacífico, de Juan Armando Hinojosa Cantú.

Hinojosa Cantú es el dueño de Grupo Higa, el contratista del Gobierno que construyó la lujosa residencia conocida como la “casa blanca” para Angélica Rivera, esposa del presidente Enrique Peña Nieto.

Aristegui Noticias obtuvo la bitácora de la obra, donde quedó constancia de los contratiempos de la edificación del hangar para albergar el nuevo avión presidencial, el Dreamliner 787, comprado a finales de la Administración de Felipe Calderón (2006-2012).

La empresa de Grupo Higa, que firmó el contrato el 3 julio de 2014, comenzó a construir el hangar sin conocer el proyecto a fondo y con planos que tenían inconsistencias y materiales que cambiaban de última hora.

Después de meses de quejas de la constructora, esta pidió en marzo modificar el techo del hangar para ahorrar tiempo y dinero.

Según el reportaje, el contrato original establecía sanciones si la constructora no terminaba a tiempo, pero un mes antes de la fecha límite el Aeropuerto de la Ciudad de México cambió los términos para precisar que sólo se aplicarían si se comprobaba que el retraso era responsabilidad de la firma.

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